Legislando por la sostenibilidad del desarrollo

Legislando por la sostenibilidad del desarrollo

El próximo 5 de junio, lxs ciudadanxs de la capital del país habremos de elegir a lxs constituyentes que nos darán la primera constitución en la vida de la Ciudad de México. De la voluntad política y una visión progresista dependerá que este marco constitucional sea un marco basado en el cumplimiento de derechos humanos. Se abre, así, una oportunidad enorme para incorporar principios de política pública que, en efecto, modifiquen las condiciones de vida de lxs capitalinos. El papel que tendrán lxs constituyentes locales, por supuesto, no será menor. Y ello nos hace pensar en la centralidad que tienen los poderes legislativos con el desarrollo sostenible, tal como fue reconocido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Al menos tres son las funciones del Legislativo para la implementación de los 17 ODS y sus 169 metas: la primera de ellas, por supuesto, la formulación y aprobación de leyes; la segunda, la asignación del presupuesto público y, la tercera, la evaluación de las acciones para el cumplimiento de los ODS, en sintonía con la transparencia y la rendición de cuentas.

Como país, México se comprometió a implementar la Agenda 2030 como una prioridad nacional y ello por supuesto involucra a todos los actores. 2016 deberá ser un año de diseño institucional para la implementación de los ODS, de reingeniería y arquitectura de nuevos marcos legales e institucionales. Si pensamos en tramos de tiempo, 2030 suena quizás aún lejano, pero sin duda nos da la oportunidad de pensar en el largo plazo, con instrumentos de política pública de corto, mediano y largo plazo.

Así, uno de los retos de la Agenda 2030 es su apropiación, su sociabilización y sensibilización a todos los niveles, tanto en los tomadores de decisiones, como en los encargados de la redacción legislativa, la asignación y aplicación del presupuesto para el desarrollo, en congruencia con el espíritu de los ODS de centrar los esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las personas, tomando en cuenta que el desarrollo sostenible es multidimensional y que deben encontrarse las prioridades sociales, con las económicas y las ambientales.

Otro reto será legislar en estos términos, será asignar presupuesto con una nueva racionalidad para el desarrollo sostenible y, por supuesto, contribuir a la medición de los avances en el cumplimiento de las metas mediante órganos de evaluación y seguimiento comprometidos con ello, tanto a nivel federal como local.

SOBRE LA AUTORA:

Bibiana Gómez Muñoz es especialista en temas de desarrollo, derechos humanos e igualdad entre los géneros. En los últimos años ha dedicado su trabajo a la construcción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

DR © CGCID 2016.