HIII: Descentralización hacia lo local

HIII: Descentralización hacia lo local

A tan sólo unos días de la celebración de Hábitat III (HIII, en adelante), el documento presentado como Draft, en julio del presente año, conlleva una importante cantidad de posibles compromisos para la generación de una Nueva Agenda Urbana que se proclama con carácter sustentable, donde la inclusión, oportunidades para todos y equidad son recurrentes y transversales, con relación a lo social, económico y medio ambiental. Al respecto, estos lineamientos surgen desde la necesidad de ser aplicables a nivel global, regional, nacional y subnacional, de la mano con una multiplicidad de stakeholders[1] para su articulación.

No obstante, como he planteado en un trabajo de tesis -recientemente realizado-, es necesario que previamente se reconozca el importante aporte de la descentralización[2] en este tipo de iniciativas; al mostrar cómo el Estado-Nación, antes concebido como figura central, se encuentra rebasado en la capacidad de cumplimiento de todas sus funciones o atribuciones tradicionales; por ello, hacer acuerdos con una pluralidad de actores se vuelve necesario[3]. Dicha situación se manifiesta en el poder de negociación con el que llegan a esta Conferencia los gobiernos locales; por ejemplo, al ser una Agenda donde la comprensión del entorno de proximidad resulta imprescindible para poder plantear propuestas viables y aterrizarles a la realidad.

En este sentido, más que pronosticar los acuerdos que derivarán de la Conferencia referida y su futura implementación, valdría la pena hacer algunos cuestionamientos en torno a las capacidades de estos actores locales, las cuales no buscan ser respondidas en este texto sino servir para la reflexión. En primer lugar, valdría la pena preguntarnos si, ¿se puede decir que -más allá de las grandes ciudades o metrópolis- existe en los demás polos urbanos capacidad suficiente para ejecutar los compromisos que serán adquiridos en HII?, o si ¿los compromisos resultantes, podrán convertirse en más que bienes intenciones, en términos de presupuesto, ejecución y seguimiento? O si ¿los objetivos de la Agenda resultarían difícilmente ejecutables por la totalidad de actores? Ante ello, ¿es realmente posible lograr una Agenda urbana que se presupone universalizable?, en un sistema mundial en permanente cambio e impredecible, ¿es factible seguir concibiendo Agendas a 20 años más allá de que políticamente representan una visión a largo plazo?

En este sentido, sería importante rescatar el aporte de Cowen y Shenton (1996), sobre la intencionalidad que conlleva el desarrollo, es decir, al ser planeado proviene de un agente externo, el cual lo dota de un contenido e intención específico. Para HIII, será crucial lograr la real concertación entre las distintas voluntades políticas de los actores convocados a fin de que ésta intencionalidad pueda ser significativa para los habitantes al interior de los distintos polos urbanos.

Finalmente, como se ha expresado en otras ocasiones, las ciudades en su papel de agentes dinamizadores de factores económicos son -por la misma situación- generadores de procesos de exclusión, donde se generan focalizaciones de áreas de trabajo, vivienda y rutas de movilidad de las cuales otros son expulsados, y procesos sociales y ecológicos son a su vez, degradados. Por ende, el urbanismo que emerja de las propuestas a debatir en los próximos días, tiene considerables retos por delante, quedará pendiente analizar si en verdad se encuentra comprometido con resignificar la manera y el derecho de habitar las ciudades. Está de más decir que el mayor desafío corresponderá a los actores que posean mayor proximidad al territorio.

[1] El documento refiere explícitamente a gobiernos sub nacionales, gobiernos locales, sociedad civil, poblaciones indígenas, sector privado, profesionales y practitioners, la comunidad científica y académica, y otros relevantes tomadores de decisiones.

[2] Acorde a la OEI, refiere al “proceso mediante el cual se transfiere poder político, desde el gobierno central a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de independencia administrativa y legitimidad política propia”. Empero, el término se ha ampliado para responder también a todas aquellas otras instancias que no dependen de una relación directa con los distintos niveles de gobierno.

[3] Teniendo también en cuenta que el proceso de delegación de responsabilidades del aparato estatal suele estar ligado a un proceso de privatización, donde dicho capital privado asume ciertas funciones, ya sea en procesos de concesión o desde el retraimiento del Estado para dar pie a un libre juego del mercado, lo cual en ocasiones es también percibido como desfavorable.

Sobre el autor:

Marcos J. Reyes Juárez. Economista y Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo, con interés en las miradas alternativas al desarrollo. Músico a momentos.

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